San José, 15 sep (Prensa Latina) El debate hoy aquí ante la propuesta de un referendo sobre la llamada Ley Jaguar, se acaloró con la insistencia del presidente Rodrigo Chaves de imponer el texto bajo análisis de la Sala Constitucional.
El proyecto para el desarrollo nacional «es fundamental» para controlar la ejecución del presupuesto nacional. No vamos a dar un paso atrás, aseguró el mandatario durante una comparecencia ante grupos de partidarios, publicó el periódico Extra.
Chaves reiteró que persistirá en su intención de celebrar un referendo para la Ley Jaguar 2.0, nueva versión del texto presentada por su gobierno, tras la decisión el 29 de julio de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de declarar el texto como «inconstitucional».
Entidades opuestas al proyecto como la Contraloría General de la República (CGR) cuestionan desde su origen en mayo que este modifica la Ley Orgánica de ese organismo del Estado, al objeto de impedirle ejercer sus funciones fiscalizadoras sobre asuntos de la administración activa.
Las instituciones del Estado -impone el texto defendido por Chaves- no estarán obligadas a acatar las órdenes de la CGR, mientras el artículo 4 del texto modifica el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, a fin de permitir arrendamientos hasta por 30 años, recordó el medio de prensa.
El nuevo proyecto legal faculta la compra o alquiler de edificaciones por construir, en proceso de edificación o ya terminadas, incluyendo los terrenos públicos; y permite procedimientos especiales para diferentes licitaciones.
La nueva versión de la Ley Jaguar modifica la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, lo cual autorizaría convenios por 50 años para desarrollar inversiones de infraestructura.
El anuncio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 6 de agosto pasado de que archivaría el proyecto de Ley respondió a la tendencia de la propuesta a desconocer la fiscalización, que generó críticas entre legisladores y funcionarios del Estado desde la divulgación del texto en mayo.
La decisión, que ya el 29 de julio declaró «inconstitucional» la iniciativa y el gobierno reaccionó un día después con la referida nueva versión, interrumpió un debate de varias semanas, agudizado por la propia presentación del otro texto, según el diario Delfino.cr.
El ente defensor de la Carta Magna respondió así a una consulta legislativa suscrita por diputados de los partidos Liberal Progresista y Liberación Nacional, sobre si era o no legal el texto de la llamada «Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica».
La disposición de los magistrados declaró inconstitucionales todos los artículos del proyecto inicial sometidos al análisis del Tribunal Supremo de Elecciones, confirmó al medio la oficina de prensa de esa alta instancia.
Las reiteradas críticas al proyecto de diputados, funcionarios y mecanismos fiscalizadores, como la CGR, contra el intento oficial de pasar un nuevo proyecto legislativo, originaron una de las principales polémicas nacionales de los últimos tiempos, según la prensa local.
Rodrigo Chaves insiste en referendo centrado en Ley Jaguar
